En nuestro país, el trabajo no registrado alcanza al 22% de los ocupados, menos de la mitad del promedio regional. Los desafíos parecen estar centrados en disminuir las importantes brechas internas.
Uruguay encabeza el ranking de formalidad laboral en América Latina. Así lo estableció la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe, presentado en diciembre pasado, siendo el último disponible. Ese estudio ubicó la tasa de informalidad uruguaya en 22,3%. El dato no ha variado de manera sustancial desde entonces según se observa en los informes del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La distancia con el resto del continente es contundente. El promedio regional de informalidad se ubicó en 46,7%, lo que significa que casi uno de cada dos trabajadores latinoamericanos carece de protección social. Mientras Uruguay y Chile están por debajo del 25%, países como Perú y Ecuador se acercan al 70%, y Bolivia supera el 80%. La OIT advirtió que, pese a una leve reducción respecto a la medición anterior, el avance regional es insuficiente para modificar un problema de carácter estructural.
Más allá de la comparación regional, en nuestro país sigue siendo un tema que atender. La informalidad define la vida cotidiana de los trabajadores, ya que quien no está registrado no genera aportes jubilatorios, no accede al seguro de paro ni a licencias por enfermedad.
El organismo internacional señala que el trabajo no registrado debilita la recaudación fiscal, reduce la productividad y aumenta la precariedad, con mayor impacto sobre jóvenes y mujeres. En un Uruguay que envejece, cada trabajador sin aportes compromete además la sostenibilidad futura del sistema de seguridad social.
Brechas puertas adentro
Resulta importante entender que el promedio nacional disimula realidades muy distintas. Los datos del INE correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran diferencias de hasta 30 puntos porcentuales entre departamentos. Por ejemplo, Rivera registró 43,5% de informalidad y Cerro Largo 40,5%, seguidos por Artigas (36,3%) y Tacuarembó (35,8%), mientras que la capital y el centro del país presentan los mayores niveles de registro.
La brecha también es ocupacional. Entre los trabajadores por cuenta propia, seis de cada diez son informales, contra apenas uno de cada diez entre los asalariados. Con la medición ampliada del INE, la informalidad alcanza a unas 390.000 personas, más que la población de Maldonado y Salto sumadas. Con todo esto, el desafío según coinciden los especialistas, no pasaría por sostener el liderazgo regional, sino por achicar estas diferencias internas tan marcadas.
