La Ley que impulsa el desarrollo de las empresas y genera oportunidades
Uruguay cuenta con un régimen de promoción de inversiones que busca acompañar a las empresas que apuestan al crecimiento, la generación de empleo y la mejora de su competitividad. A partir del Decreto N.º 329/025, se actualizó la reglamentación de la Ley 16.906, adecuándola a las realidades actuales y consolidando un marco que promueve proyectos productivos con impacto económico, social y territorial.
El régimen tiene como finalidad estimular inversiones privadas que contribuyan a objetivos estratégicos para el país. Entre ellos se destacan la creación de puestos de trabajo —con especial atención a personas de mayor dificultad de inserción laboral—, la descentralización territorial, el impulso a las exportaciones y al valor agregado nacional, así como la promoción de la innovación, la incorporación tecnológica y el uso de prácticas ambientalmente sostenibles. En este contexto, también se procura facilitar el acceso de micro, pequeñas y medianas empresas, reconociendo su papel central en la dinámica productiva.
Pueden acceder a este régimen las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), así como determinados productores agropecuarios y cooperativas (en este último caso deben desarrollar actividades sin fines de lucro). Quedan expresamente excluidas las empresas públicas y las vinculadas a la industria tabacalera. Las inversiones promovidas deben estar directamente asociadas al proyecto presentado e incluir bienes de capital, obras de construcción e infraestructura, activos biológicos y ciertos activos intangibles, siempre que resulten esenciales para su desarrollo.
La evaluación de los proyectos está a cargo de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), un ámbito técnico que analiza cada propuesta en función de una matriz de indicadores definida por la normativa. Entre otros aspectos, se consideran la generación de empleo, el impacto territorial de la inversión, el perfil exportador, la sostenibilidad ambiental y el grado de innovación o adecuación tecnológica. En base a este análisis, la COMAP asesora al Poder Ejecutivo, que es quien finalmente declara promovidos los proyectos y establece los beneficios fiscales y las condiciones correspondientes.
Sin dudas, este marco normativo representa una oportunidad a considerar al momento de planificar inversiones, ampliaciones o procesos de mejora en todo tipo de emprendimientos. Es por ello que desde el CCIFA los invitamos a informarse y asesorarse con nuestro staff técnico, para conocer con mayor detalle las posibilidades que ofrece este régimen y evaluar su aplicación de acuerdo a su rubro y necesidades específicas.
Contacto:
4372 23 75 – 098 512 513.
