Todos hemos visitado más de una vez Brasil, Argentina (ahora se emparejó bastante) o Paraguay y sabemos perfectamente, sin necesidad de consultar ningún índice, que algo no cuadra del todo. Lo que acá cuesta cien, allá cuesta 70, 60 o menos. Y aunque no es un tema nuevo, los números que explican esta situación son cada vez más contundentes.
Según el Índice de Costo de Vida de Numbeo 2026 (muchos otros también coinciden), Uruguay es el país más caro de América del Sur, y el más caro de toda América Latina si se excluyen los territorios insulares del Caribe, como Bermudas o las Islas Caimán, que por su condición de enclaves financieros y turísticos responden a una lógica completamente diferente. Montevideo, a su vez, encabeza el ranking de ciudades más caras de la región. Revista Centro no dispone de datos concretos sobre la realidad de la Costa de Oro de Canelones, pero nos atreveríamos a asegurar que los costos de logística y estacionalidad en zonas como Atlántida, La Floresta o Parque del Plata suelen acentuar esta brecha de precios respecto a la canasta básica de Montevideo. Uruguay lleva varios años instalado en esa posición, y las causas que lo explican son estructurales.
El precio de ser lo que somos
El primer factor que aparece en casi todos los análisis que se han realizado al respecto, tanto desde nuestro país como de especialistas del exterior, es la presión tributaria. Según el informe Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2025 de la OCDE, Uruguay recauda impuestos equivalentes al 27,4% de su Producto Interno Bruto, frente a un promedio regional de 21,3%. Esa diferencia de más de seis puntos se traduce directamente en precios. El IVA, fijado en 22%, es uno de los más altos de la región y según el Boletín Estadístico 2025 de la Dirección General Impositiva, los impuestos al consumo representan el 54,2% de la recaudación total del país. Podríamos afirmar que una porción importante de lo que pagamos cada vez que compramos algo, está financiando al Estado.
Pero los impuestos no lo explican todo. Uruguay es un país pequeño, con poca población, y eso tiene consecuencias económicas concretas. Un mercado reducido atrae menos competencia lo que suele traducirse en precios más altos. A eso se suma una estructura de mercado concentrada en varios sectores clave: supermercados, farmacias, telecomunicaciones y ciertas importaciones son dominados por pocos actores.
Los costos laborales también pesan. Uruguay tiene cargas sociales elevadas para el estándar regional, lo que encarece la contratación de personal y termina trasladándose, en alguna medida, al precio final de los productos y servicios. Hay quienes advierten que esta combinación de factores (carga fiscal alta, mercado pequeño y estructura concentrada) configura una especie de techo estructural difícil de perforar, al menos sin reformas de fondo.
Una singular paradoja
Si la historia terminara aquí, el diagnóstico sería sencillo e indicaría que Uruguay es caro y punto. Pero los datos también dan cuenta de otros aspectos. Ese mismo Numbeo que nos coloca como el país más caro de la región, también nos ubica, en su Índice de Calidad de Vida publicado a fines del pasado año, como el mejor país de América Latina para vivir, con una puntuación de 139,81, por encima de Chile, Costa Rica y México, y dentro del top 50 mundial. El índice mide nueve variables como poder adquisitivo, seguridad, salud, clima, contaminación, vivienda, tráfico y calidad del entorno urbano. Uruguay no lidera en todas, claro está, pero se muestra bien posicionado en la mayoría y su ventaja, según el propio informe, radica en el equilibrio.
A eso se agrega otro dato interesante. Según Bloomberg Línea, Uruguay tiene el segundo salario mínimo más alto de América Latina en 2026, con 648 dólares mensuales, solo por detrás de Costa Rica. En un continente donde países como Bolivia (344 dólares), Perú (335) o Argentina (233) muestran pisos salariales muy inferiores, Uruguay combina costos altos con ingresos relativamente superiores. El problema es que esa ecuación no siempre cierra para todos. Existen sectores donde los salarios reales no acompasan el costo de vida y la sensación de que “la plata no alcanza” está lejos de ser exclusiva de quienes cobran el salario mínimo nacional.
Lo que evidencian los datos es que el costo de vida en Uruguay no es casual. Es el resultado de decisiones históricas sobre qué tipo de país construir. Muchos hablan de un estado presente, servicios públicos extendidos, estabilidad institucional y protección laboral. Ese modelo tiene un precio, y ese precio lo pagan, en mayor o menor medida, quienes compran en el almacén, pagan el alquiler o llenan el tanque de combustible, que dicho sea de paso también es el más caro de América lo que aumenta los costos productivos y de distribución de todo lo que consumimos.
Algunos estudios señalan que, mientras no se modifique la estructura tributaria, el tamaño del mercado o el grado de concentración en sectores clave, los márgenes para abaratar el costo de vida son estrechos. Ahora, es importante ingresar en el punto que parece clave. La discusión no es si Uruguay es caro, porque los números lo confirman. La discusión, que tiene diversos puntos de vista, está planteada en si las contraprestaciones que recibimos de parte del estado, y la calidad de los servicios que el mismo brinda a la ciudadanía, justifican lo que pagamos todos los días de más, al menos en comparación con nuestros países vecinos. Acá, cada uno tendrá su propia respuesta.
